PROMUEVE LA “INSUMISION FISCAL”
MIÉRCOLES, 9 DE MAYO DE 2012 DIARIO PROGRESISTA
Una plataforma ciudadana, vinculada al movimiento ´indignado´, ha constituido en Madrid la Oficina de Desobediencia Económica, que desde este martes ha iniciado en la capital su actividad para llevar a cabo una campaña de “insumisión fiscal”, aunque, según han confirmado desde esta oficina, el proyecto contempla diferentes iniciativas para promover la “desobediencia civil masiva”.
Por el momento, este punto de información (localizado en el número 8 de la calle Lacy de Madrid) sirve de asesoramiento y consulta para aquellas personas en llevar a cabo este tipo de protesta, consistente en trasladar a la administración su negativa a subvencionar determinadas partidas que pueden considerar injustas. “No consiste en no pagar, sino en que si se considera que un dinero no está bien invertido, pagar en aquello que merezca la pena”, han dicho.
De hecho, desde la guía práctica que se puede encontrar en el espacio de Internet derechoderebelion.net y que detalla los pasos a dar para secundar la acción, se insta a “hacer siempre la declaración de la renta”, incluso sin llegar al mínimo establecido por ley, ya que “muy probablemente saldrá negativa”, es decir, a devolver.
Tanto de forma presencial como a través de un teléfono habilitado para la ocasión o Internet –desde el cual se puede descargar el ´Manual de desobediencia económica´ y una guía práctica para poder apoyar la campaña– se justifican los motivos para seguir esta acción y los pasos a dar.
CÓMO SER UN “INSUMISO FISCAL”
Para ello, aconsejan no aceptar el borrador enviado por Hacienda, rellenándola a mano o con el programa ´Padre´, ya que a través de vía telefónica o Internet imposibilita declararse como “insumiso fiscal”, han asegurado. Esto se consigue calculando el porcentaje presupuestado de las partidas a las que se opta no subvencionar y destinar ese dinero a diferentes proyectos que, a juicio del insumiso, sean merecedores de su financiación.
Por su parte, la Oficina especifica varios conceptos hasta llegar a cerca de un 25 por ciento de lo presupuestado en 2011 (24,81 por ciento) que, al dejar de pagar en la declaración, constituiría una deducción similar. Las partidas propuestas son las correspondientes a la deuda pública (20,38 por ciento), Defensa (2,81 por ciento), Policía Nacional, Guardia Civil, Monarquía, Senado, Prisiones e Iglesia.
Según apunta la guía, una vez terminada la declaración, deberá ingresarse la cantidad de la insumisión fiscal calculada en la cuenta corriente de la entidad o colectivo a la que se decide financiar, especificando que este ingreso procede de esta campaña de insumisión.
La Oficina recomienda destinar el dinero a proyectos que el ciudadano pueda tener cerca para poder comprobar de forma directa el desarrollo del mismo. En este sentido, en la página web del ´movimiento de desobediencia civil´ se adjunta una lista de proyectos autogestionados recomendados.
El comprobante del ingreso al proyecto deberá adjuntarse a la declaración para entregarlo junto a una “carta de insumiso fiscal” dirigida al Ministerio de Hacienda. Finalmente, han instado a comunicar esta acción a la Oficina para que no quede como un acto individual, y que pueda formar parte de esta protesta colectiva.
INSPIRADA EN LA OBJECIÓN AL GASTO MILITAR
Esta iniciativa, gestada en los debates y asambleas celebradas el pasado mes de agosto tras conocer el proyecto de reforma de la Constitución para incluir los criterios de estabilidad presupuestaria y los límites del déficit establecidos en la Unión Europea, está inspirada en las campañas de objeción al gasto militar, que, según han apuntado, se lleva haciendo “desde hace años sin que se haya dado ningún tipo de problema”.
La deducción del 6 por ciento que se calcula de este gasto y que se deriva a otras iniciativas solo tiene “consecuencias administrativas”, y, tras la nueva solicitud de Hacienda, se obliga a pagar el porcentaje restante que no se ha querido desembolsar en la declaración.
Una “molestia”, según han dicho desde la Oficina, que ha defendido esta protesta como manera de reivindicar “proyectos realmente públicos” que, como han apuntado en la guía “suelen adolecer de falta de recursos para consolidarse”. Así, con la “desobediencia fiscal” esperan “alimentar la autogestión de las asambleas y desde estas dar prioridad absoluta a la financiación participativa de los recursos que se consideran verdaderamente públicos”.
“Es una forma activa de dejar claro de que la deuda no es nuestra”, han dicho, calificando de “ilegítima” aquella deuda “que se contrata de nuevo para pagar antigua deuda y para implementar políticas que perjudican los derechos sociales y económicos”, así como la que “proviene de una política que ha favorecido a una ínfima minoría de la población en detrimento de una aplastante mayoría de ciudadanos y ciudadanas”.
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